TodoOpositores | Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público | 00.- Título Preliminar. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público

1.- (Preg. 3301) Según la Ley 40/2015, la exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ¿qué consecuencias jurídicas tiene?:

Suspenderá, en todo caso, los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan.

No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial, aunque la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan contra autoridades, pero no contra el resto del personal al servicio de la Administración de que se trate.

2.- (Preg. 3302) Según la Ley 40/2015, ¿cuál de los siguientes es un sistema de firma para la actuación administrativa automatizada?

Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico avanzado o reconocido que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso al portal correspondiente.

Firma electrónica del titular del órgano o empleado público.

3.- (Preg. 3303) Según la Ley 40/2015, en los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados:

En cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

En cualquier momento anterior al trámite de audiencia.

En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución.

En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.

4.- (Preg. 3304) Según la Ley 40/2015, las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles:

Con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario.

Con la indemnización por los daños y perjuicios causados.

a) y b) son correctas.

a) y b) son incorrectas.

5.- (Preg. 3305) Según la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas:

Se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios no electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas.

Garantizarán la protección de los datos de carácter personal.

Facilitarán preferentemente la prestación disociada de servicios a los interesados.

Todas son correctas.

6.- (Preg. 3306) Según la Ley 40/2015, se realizará mediante acuerdo motivado:

La avocación.

La delegación de firma.

La suplencia.

La encomienda de gestión.

7.- (Preg. 3307) Según la Ley 40/2015, para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán:

Directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

Directamente a las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública las indemnizaciones por los daños y perjuicios que hayan ocasionado.

Indiferentemente a la Administración Pública correspondiente o a las autoridades y personal a su servicio las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por estas últimas.

Ninguna es correcta.

8.- (Preg. 3308) Según la Ley 40/2015, ¿qué procedimiento ha de seguirse para determinar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de los contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto por ella elaborado?:

El previsto en el Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso, establezca el Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El previsto en el Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso, establezca la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

9.- (Preg. 3309) Según la Ley 40/2015, el acta de cada sesión:

Deberá aprobarse en la misma reunión.

Deberá aprobarse en la siguiente reunión.

Podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.

Podrá aprobarse en la misma reunión o en las dos inmediatas siguientes.

10.- (Preg. 3310) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Señale la respuesta incorrecta.

Los órganos competentes podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.

En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con posterioridad a la resolución final que se dicte.

Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

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